Coproducción España-Colombia: claves para estructurar fondos e incentivos sin perder la nacionalidad

La alianza entre España y Colombia en la producción audiovisual se ha consolidado como una estrategia recurrente en los últimos años. Este modelo no responde a una moda pasajera, sino a un alineamiento de incentivos fiscales, requisitos técnicos y oportunidades de mercado que, cuando se gestionan adecuadamente, pueden aliviar la carga financiera de un proyecto sin comprometer su viabilidad legal o creativa.

La convergencia de intereses: por qué este modelo gana relevancia

El Convenio de Coproducción Hispano-Colombiano, en vigor desde 2014, establece un marco que permite a los proyectos acceder a beneficios en ambos territorios. En España, el certificado de nacionalidad otorgado por el ICAA abre la puerta a deducciones fiscales sobre la inversión realizada en el país, siempre que se cumplan ciertos requisitos de participación técnica y creativa. Colombia, por su parte, ofrece exenciones tributarias para proyectos culturales, además de fondos públicos gestionados por entidades como Proimágenes o el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Para mantener la nacionalidad en ambos países, los proyectos deben cumplir con porcentajes mínimos de inversión y equipo local. En España, una parte significativa del presupuesto debe ejecutarse en el país, con un equipo técnico y artístico compuesto mayoritariamente por residentes fiscales. Colombia exige que una porción del presupuesto se invierta en su territorio, junto con una participación local en el equipo. Estos umbrales buscan demostrar un compromiso real con cada industria, evitando que las coproducciones se conviertan en meros vehículos fiscales.

Diseñar la estructura legal: AIE, SAS y control creativo

La Agrupación de Interés Económico (AIE) es la figura más utilizada en España para este tipo de alianzas, aunque su equivalente en Colombia no existe como tal. Las productoras colombianas suelen optar por Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) o contratos de coproducción directa, lo que introduce una complejidad inicial: cómo armonizar dos modelos legales distintos sin perder flexibilidad.

Una AIE española permite agrupar a varias empresas bajo un mismo paraguas fiscal, pero no es una sociedad mercantil en sentido estricto. Esto significa que no tiene capital social propio, sino que sus miembros responden solidariamente de las deudas. En Colombia, una SAS sí es una entidad con personalidad jurídica independiente, lo que puede generar discrepancias en la distribución de riesgos y beneficios. La solución más común es crear una AIE en España que actúe como vehículo principal, mientras que la productora colombiana se integra como socia con un porcentaje que refleje su aportación al presupuesto.

El Convenio Hispano-Colombiano exige que ninguna de las partes tenga una participación superior al 70% del total, para evitar que una de las productoras ejerza un control desproporcionado. Además, el control creativo debe repartirse de forma equilibrada: una parte significativa de los cargos clave (dirección, guion, dirección de fotografía) debe corresponder a cada país. Estas cláusulas no son negociables si se quiere acceder a los incentivos fiscales, pero pueden generar tensiones si no se definen con claridad desde la fase de desarrollo.

Documentación y plazos: cómo evitar retrasos burocráticos

La presentación de la AIE ante el ICAA debe incluir una memoria técnica detallada, contratos de equipo y un presupuesto desglosado que justifique la distribución de costes entre ambos países. En Colombia, Proimágenes exige documentación similar, aunque con un enfoque más centrado en la viabilidad cultural del proyecto. Los plazos para la aprobación de estos trámites pueden variar entre ambos países, por lo que coordinar estos procesos es clave para evitar que un retraso en un territorio paralice el rodaje en el otro.

Fondos privados y ayudas públicas: cómo evitar solapamientos

La combinación de incentivos fiscales y fondos públicos puede reducir el riesgo financiero de un proyecto, pero también introduce una capa adicional de complejidad. En España, la deducción fiscal del ICAA se aplica sobre la inversión realizada en el país, siempre que el proyecto cumpla con los requisitos de nacionalidad. En Colombia, los fondos gestionados por entidades como Proimágenes o el FDC pueden no ser compatibles con ciertas exenciones tributarias, lo que obliga a los productores a evaluar cuidadosamente qué vía priorizar.

Una estrategia habitual consiste en destinar los fondos públicos a las partidas más arriesgadas del presupuesto, como el desarrollo o la preproducción, y reservar los incentivos fiscales para las fases de rodaje y postproducción, donde la inversión suele ser mayor. Por ejemplo, en una producción con un presupuesto distribuido entre ambos países, una estructura bien planificada podría permitir el acceso a deducciones fiscales en España, además de los fondos colombianos para desarrollo y promoción.

Financiación privada: bancos, crowdfunding y capital riesgo

Los fondos privados suelen ser más flexibles que las ayudas públicas, pero también exigen garantías que pueden entrar en conflicto con los requisitos de nacionalidad. Un banco de inversión podría requerir derechos de explotación en territorios clave, pero si esos derechos se ceden antes de obtener el certificado de nacionalidad, el proyecto podría perder acceso a los incentivos fiscales. Para evitar este escenario, es común incluir cláusulas en los contratos que condicionen la cesión de derechos a la obtención de los certificados en ambos países.

El crowdfunding especializado ha ganado relevancia en los últimos años como herramienta para recaudar fondos sin ceder derechos de explotación. Estas plataformas permiten conectar a productores con inversores minoristas, aunque requieren una campaña de comunicación sólida y un producto atractivo para el público general. En coproducciones, el crowdfunding suele utilizarse para financiar partidas específicas, como el rodaje en localizaciones emblemáticas o la contratación de actores reconocidos.

Preproducción: alinear equipos técnicos y creativos

La fase de preproducción es donde las diferencias entre ambos países se hacen más evidentes. Mientras que en España la legislación laboral es estricta en cuanto a horarios, descansos y seguros, en Colombia existe mayor flexibilidad, aunque con menos protección para el equipo. Unificar estos criterios requiere contratos que especifiquen las condiciones de trabajo en cada territorio, especialmente en lo que respecta a horas extras, desplazamientos y seguros de accidentes.

Localizaciones y permisos: cómo cumplir con los requisitos de rodaje

El Convenio Hispano-Colombiano exige que una parte del rodaje se realice en Colombia, aunque no especifica qué tipo de localizaciones deben utilizarse. Esto permite cierta libertad creativa, aunque los proyectos suelen optar por escenarios que refuercen la identidad cultural de cada país. En España, algunas comunidades autónomas ofrecen incentivos adicionales para rodar en regiones como Canarias o Andalucía, mientras que en Colombia ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena cuentan con oficinas de filmación que agilizan los permisos.

La gestión de permisos es uno de los puntos más críticos. En España, los trámites municipales pueden variar significativamente entre comunidades, mientras que en Colombia la protección de datos y los seguros de rodaje suelen ser más estrictos. Una práctica común es contratar a un fixer local en cada país, especializado en gestionar permisos y resolver imprevistos durante el rodaje.

Herramientas digitales para coordinar equipos remotos

La distancia geográfica entre ambos países hace que la coordinación remota sea esencial. Plataformas que permiten crear breakdowns de guion, calendarios de rodaje y presupuestos compartidos se han convertido en herramientas estándar. Estas soluciones no solo facilitan la comunicación entre equipos, sino que también ayudan a documentar el cumplimiento de los requisitos de nacionalidad, al registrar qué parte del trabajo se realiza en cada territorio.

Las diferencias horarias pueden complicar las reuniones en tiempo real. Para mitigar este problema, muchas producciones optan por grabar las sesiones de trabajo y compartirlas en una plataforma accesible para todos los miembros del equipo.

Postproducción y explotación: proteger la nacionalidad y maximizar ingresos

El certificado de nacionalidad debe mantenerse durante toda la postproducción. Esto significa que procesos como el etalonaje, los efectos visuales o la localización de diálogos deben realizarse en estudios ubicados en España o Colombia, o al menos con participación mayoritaria de equipos locales. Externalizar estos servicios a terceros países puede invalidar el certificado si no se justifica adecuadamente ante el ICAA o Proimágenes.

Estrategias de distribución: festivales y plataformas

Los festivales siguen siendo una vía clave para la promoción de coproducciones. En España, San Sebastián y Málaga son plataformas habituales para este tipo de proyectos, mientras que en Colombia el Festival de Cine de Cartagena es el escaparate más importante. En los últimos años, el Festival de Cine de Bogotá ha incluido secciones dedicadas a coproducciones internacionales, lo que ha ampliado las oportunidades de visibilidad.

En cuanto a plataformas, algunas han mostrado interés por proyectos con doble nacionalidad, especialmente si combinan elementos culturales de ambos países. Filmin, por ejemplo, ha ampliado su catálogo de cine iberoamericano, lo que la convierte en una opción atractiva para proyectos con un enfoque más independiente.

Fiscalidad en la explotación: cómo declarar ingresos sin incurrir en evasión

El reparto de ingresos entre ambos países debe reflejar la participación de cada productora en el presupuesto. Una práctica común es establecer ventanas de explotación por territorios: por ejemplo, la productora española podría quedarse con los derechos en Europa, mientras que la colombiana los tendría en Latinoamérica. Sin embargo, este modelo puede generar conflictos si no se definen con claridad los porcentajes de reparto.

El convenio fiscal entre España y Colombia evita la doble imposición, pero requiere que los ingresos se declaren en el país donde se generan. Esto significa que si una producción recauda ingresos en España, ese ingreso debe tributar en el país, mientras que los ingresos generados en Colombia se declaran allí. Para evitar problemas, es recomendable contar con asesoramiento fiscal especializado en ambos mercados.

Perspectivas: hacia dónde evolucionan las coproducciones

El modelo de coproducción entre España y Colombia ha demostrado ser viable, pero aún enfrenta desafíos. Uno de los más urgentes es la armonización de normativas laborales y fiscales, que permita a los equipos trabajar en ambos países sin tener que adaptarse a marcos legales distintos. En los últimos meses, se han dado pasos en esta dirección, con iniciativas para simplificar trámites entre el ICAA y Proimágenes.

Otra tendencia reciente es el aumento de coproducciones en formato de serie o documental, frente al cine tradicional. Estos proyectos suelen tener presupuestos más ajustados y plazos de producción más cortos, lo que los hace ideales para este tipo de alianzas. Además, algunas plataformas han comenzado a financiar series con doble nacionalidad, lo que ha abierto nuevas oportunidades para los productores.

En 2026, también se esperan novedades en los fondos europeos. Creative Europe ha anunciado líneas de ayudas específicas para coproducciones entre países de la UE y Latinoamérica, lo que podría facilitar la entrada de otros países como México o Argentina en proyectos ya estructurados entre España y Colombia. Estas alianzas tripartitas no solo amplían las fuentes de financiación, sino que también enriquecen el contenido cultural de los proyectos.

El futuro de las coproducciones entre España y Colombia dependerá de la capacidad de los productores para adaptarse a estos cambios sin perder de vista los requisitos legales y fiscales. Quienes logren combinar creatividad, flexibilidad y rigor en la gestión tendrán una ventaja en un mercado cada vez más competitivo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo mantener la nacionalidad española y colombiana en una coproducción audiovisual?

Debes cumplir con porcentajes mínimos de inversión y equipo local en cada país. En España, una parte significativa del presupuesto debe ejecutarse allí, con equipo técnico y artístico mayoritariamente residente. Colombia exige inversión en su territorio y participación local en el equipo. El Convenio Hispano-Colombiano limita la participación de cada parte al 70% del total.

¿Qué diferencias hay entre una AIE española y una SAS colombiana para coproducciones?

La AIE (Agrupación de Interés Económico) en España no tiene capital social propio y sus miembros responden solidariamente. En Colombia, la SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) es una entidad con personalidad jurídica independiente. La solución común es crear una AIE en España como vehículo principal, integrando la productora colombiana como socia.

¿Qué documentos necesito presentar para acceder a los incentivos fiscales en España y Colombia?

En España, el ICAA exige una memoria técnica detallada, contratos de equipo y un presupuesto desglosado. En Colombia, Proimágenes pide documentación similar, centrada en la viabilidad cultural del proyecto. Ambos trámites deben coordinarse para evitar retrasos burocráticos.

¿Puedo combinar fondos públicos y deducciones fiscales en una coproducción España-Colombia?

Sí, pero requiere planificación. Usa fondos públicos (como los de Proimágenes o el FDC) para partidas arriesgadas (desarrollo, preproducción) y reserva incentivos fiscales para rodaje y postproducción. Algunos fondos colombianos no son compatibles con exenciones tributarias, así que evalúa qué vía priorizar.

¿Qué requisitos de rodaje debo cumplir para no perder los incentivos en una coproducción hispano-colombiana?

El Convenio exige rodar parte del proyecto en Colombia, sin especificar localizaciones. Debes gestionar permisos en ambos países: en España varían por comunidad autónoma, y en Colombia son estrictos en protección de datos y seguros. Contratar un fixer local ayuda a agilizar trámites.